Durante años los gobiernos y organizaciones no gubernamentales han trabajado para generar normativas en beneficio de las víctimas de algún delito. En México, de acuerdo al Informe 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a los esfuerzos aún se requiere fortalecer las políticas públicas que hagan posible el cumplimiento de los derechos que tienen las víctimas, además se requieren de indicadores de medición de las políticas para una adecuada toma de decisiones.
Cabe resaltar que a pesar de que en el 2014 se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el objetivo de realizar un Registro Nacional de Víctimas, dar Fondo de Ayuda y Reparación Integral a las víctimas, no ha logrado el objetivo planteado por falta de recursos y de personal. Además, solo 19 entidades federativas han creado una comisión para velar por las víctimas de algún delito, generando que en 13 estados la CEAV no pueda tener la información requerida.
Aunado a lo anterior, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), el 93.6% de los delitos no son denunciados, por lo que no se les puede dar la atención adecuada a las víctimas. La falta de interés por las denuncias se debe a que el 33.1% de la población considera que es una pérdida de tiempo debido al desinterés que muestran las autoridades, 16.5% desconfía de las autoridades, 8% considera que los trámites son difíciles y 4% asegura que la actitud de las autoridades es hostil.
Las instancias requieren de profesionistas capacitados en victimología para poder organizar, desarrollar e implementar procedimientos para la atención adecuada a los diferentes tipos de víctimas que existen, respondiendo en el menor tiempo posible y siempre haciendo valer los derechos humanos.
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